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LETRADO PRETENDE COBRAR US$ 11 MILLONES AL BCP

Publicado el 28/06/2010

Jueza ordenó no innovar en fallo de Corte que favorece a abogado De Gasperi

La jueza Nilse Ortiz hizo lugar al pedido de la Procuraduría General de la República (PGR) y dispuso la orden de no innovar como medida cautelar, de los efectos dispuestos por el A.I. Nº 1.938 dictada por la Corte Suprema en el marco de la demanda por nulidad de acto jurídico procesal promovida por el Estado paraguayo, contra los abogados Gustavo De Gasperi, Miguel Angel Romero y el Banco Central del Paraguay (BCP).

En este expediente, la Procuraduría General de la República pidió que se declare la nulidad del A.I. Nº 1.938 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que favoreció al abogado Gustavo de Gásperi, quien de esta forma tiene vía libre para cobrar al BCP cerca de 11 millones de dólares en concepto de regulación de honorarios.

La jueza Ortiz reconoció la personería de la Procuraduría en este expediente, y dispuso el traslado a los accionantes, emplazándolos para que la contesten en el plazo de ley. La medida cautelar fue dispuesta en tanto se sustancia la presente acción.

Esta decisión es una consecuencia de la acción de inconstitucionalidad promovida en el juicio ‘Incidente de sobreseimiento libre planteado a favor de Horacio Cartes, en los autos: Edgardo Juan Sobrero Trocoli, Horacio Manuel Cartes Jara y otros sobre delitos de falsificación de instrumentos públicos y privados, falsedad ideológica de operaciones de importación y estafa (acumulación de autos en evasión de divisas).

El procurador general Enrique García había solicitado que se decrete como medida cautelar de urgencia la suspensión de todos los efectos del A.I. Nº 1.838 del 25 de noviembre de 2008 firmado por el ministro de Corte Miguel Bajac y de los camaristas Natividad Meza y Carmelo Castiglioni.

García había solicitado se decrete la nulidad del fallo citado y se ordene el archivamiento del juicio de regulación de honorarios profesionales de los abogados de Gásperi y Miguel Romero.

García manifestó que la Sala Constitucional, inadvertidamente ha regulado los honorarios profesionales de los citados abogados, por su actuación profesional en la acción de inconstitucionalidad deducida por el representante legal del BCP, sin percatarse, que ya en fecha 11 de octubre de 2005 y 12 de octubre de 2005, los mismos recurrentes, haban desistido formalmente del procedimiento de regulación de honorarios y requerido el finiquito regulatorio.

El procurador remarcó que el juicio debió ser archivado, pues esta clase de juicios, es a instancia de parte y en consecuencia, resulta un absurdo jurídico, incongruente y caótico que ésta Sala de oficio le haya regulado sus honorarios profesionales a quienes habían renunciado a tal acto procesal regulatorio.

Añadió García que lo más grave es el perjuicio irreversible que se pretende incurrir contra el patrimonio del Estado, cuando el acto jurídico procesal fundado en la precitada resolución que se pretende anular, la Corte, cuando el justiprecio determina erradamente que el beneficio económico obtenido por Horacio Cartes, era de US$ 34.510.606, sin percatarse que en puridad dicho monto se refería a la totalidad e las operaciones realidad por toda las supuestas firmas importadoras y demás coprocesados.

Dijo que se advirtió en el juicio principal, coincidente con el informe de la Comisión Investigadora del BCP que el monto depositado en la cuenta corriente de Cartes en Nueva York era solo de US$ 1.592.800 y por ello sobre tal monto fue procesado en su oportunidad.

Para la Procuraduría, los citados abogados solo actuaron en representación de uno de los procesados, Horacio Cartes, y que por eso debía haberse determinado la regulación de honorarios, si cupiere, sobre el provecho económico obtenido por el imputado y por aplicación de ley regulatorio, y por el acto procesal (incidente de sobreseimiento) debía estimarse en los porcentuales del art. 22 y concordantes de la ley Nº 1.376/88, debiendo en su caso corresponder la suma de US$ 35.042 y 35.042 respectivamente a ambos profesionales, por principio de legalidad y equidad.

 

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