La parte actora promovió una acción de indemnización por responsabilidad extracontractual directa contra el Estado paraguayo, alegando una injusta privación de libertad derivada de supuestos actos arbitrarios e irregulares cometidos por agentes fiscales y el juez de la causa en el marco de un proceso penal.
En primera instancia, el Juzgado Civil y Comercial hizo lugar parcialmente a la demanda, decisión que fue recurrida tanto por la actora como por el Estado paraguayo.
Al fundan sus agravios, la Procuraduría General de la República (PGR) sostuvo que:
– Ante irregularidades o ilícitos cometidos por funcionarios públicos, estos responden de forma directa y personal; el Estado solo asume una responsabilidad subsidiaria en caso de insolvencia de los mismos.
– Dado que se imputaban actos irregulares, la acción debía dirigirse directamente contra los funcionarios presuntamente responsables.
– Por todo ello, correspondía declarar la falta de acción pasiva del Estado y la procedencia del beneficio de excusión, planteamientos que habían sido desestimados erróneamente en primera instancia.
Finalmente, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial resolvió revocar la sentencia de primera instancia y rechazar la demanda resarcitoria. El órgano colegiado ratificó que, al no haberse demandado a los agentes cuestionados, no era posible analizar su conducta ni determinar su responsabilidad personal y, por consiguiente, tampoco correspondía atribuir una obligación subsidiaria al Estado.
De esta manera, al no reunirse los presupuestos para configurar la responsabilidad estatal —directa o subsidiaria—, se evita un perjuicio patrimonial al Estado de G. 3.123.000.000 en concepto de capital reclamado más intereses.
El juicio estuvo a cargo de la Procuradora Delegada Laura Vera.
