La parte actora promovió una acción contencioso administrativa contra la resolución del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) que la excluyó de la lista de adjudicados en el marco de un concurso interno de oposición.
Durante la tramitación del juicio, la Procuraduría General de la República (PGR) denunció la caducidad de la instancia debido a la evidente inactividad procesal, al haber transcurrido el plazo legal sin que el accionante —quien tenía la carga procesal— realizara ningún acto idóneo para impulsar el proceso hasta la etapa de sentencia, configurándose así la caducidad de pleno derecho.
Finalmente, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió declarar la caducidad de la instancia al constatar que el accionante no impulsó la acción dentro del plazo establecido.
El juicio estuvo a cargo de la Procuradora Delegada Gabriela Pozzoli.
